El pasado 31 de mayo, la Asociación de Aseo y Desinfección de Chile (AGAD) llevó a cabo su Asamblea Anual 2022, a la que asistieron representantes de sus empresas socias. En la ocasión, se dio lectura a la Memoria 2022, destacando los principales hitos del gremio, para luego dar a conocer los estados financieros, aprobados en la sesión de Directorio de abril.
Una vez finalizados los actos protocolares de la actividad y, en su compromiso por combatir el mercado informal desde una mirada constructiva y colaborativa, se realizaron dos exposiciones al respecto.
La primera estuvo a cargo de María Paz Román, Country Manager de Kantar, quien, a través de estadísticas recientes, analizó el canal tradicional donde cohabitan la mayor cantidad de oferta de productos alternativos que podrían catalogarse de informales. Por su parte, Javier Saieg y Eduardo Hernández, de la empresa ALTO, presentaron una propuesta de herramientas para enrolar y denunciar al mercado ilícito.
El 16 de septiembre de este año comienza a regir la Ley REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor) para el producto prioritario envases y embalajes (EyE), y, si bien, el objetivo es impulsar y potenciar el aumento en la valorización de residuos generados por parte de las empresas, éste aún enfrenta un escenario adverso de desinformación respecto a los desafíos, obligaciones y plazos establecidos por la norma.
En este contexto y, debido a que la Ley establece que toda empresa regulada debe adherirse a un Sistema de Gestión (SG), entidad que cumple el rol de vehículo legal formado exclusivamente por Productores, es que AGAD reunió a sus socios en dos charlas informativas a cargo de ProREP y Giro.
ProREP es el primer SG de envases y embalajes exclusivamente industrial en nuestro país y que en su formación fue asesorado por sistemas europeos de gran trayectoria como Valipac (Bélgica) y Rigk Alemania. Por su parte, Giro, de carácter domiciliario e industrial, fue impulsado por New Hope Ecotech, empresa internacional de tecnología y reciclaje con experiencia en la operación de dos sistemas de gestión de envases post consumo en Brasil y Francia.
Cabe destacar que las empresas afectas a la Ley REP que no adhieran a un SG, arriesgan multas de hasta 10.000 UTA, equivalente a 8 millones de dólares, una de las más altas de la legislación ambiental vigente.
